Por Lic. Fernando Maroder
Ex funcionario de PSA (Policía de Seguridad
Aeroportuaria)
En estos días volvieron al
conurbano las fuerzas federales para reforzar la seguridad de los
bonaerenses. La presión por otra seguidilla de casos resonantes de inseguridad y
la réplica de los intendentes se hizo sentir y activó los resortes políticos
en La Plata.
Gendarmes, prefectos, policías
federales y aeroportuarios desembarcaron ya en los primeros
distritos. Acudir nuevamente a este auxilio es señal de la
deteriorada situación en que está sumida la seguridad provincial, su
política y principal instrumento, la policía.
El despliegue, que tiene
como antecedente el Operativo Centinela, evidencia así las graves
falencias que tiene la PPBA como consecuencia del desgobierno político,
corrupción estructural, participación o regulación del delito, escasa
profesionalización, etc.
Simultáneamente, desde hace
años más policías y mejor equipados podría resumirse, ha
sido la principal política de seguridad provincial como respuesta al
problema.
En esa línea, la creación de la
Policía Local por decreto en 2014 desaprovechó la oportunidad de generar
una nueva institucionalidad policial, con criterios de organización y
parámetros de funcionamiento diferentes contenidos en el proyecto original. Una
vez más, la concesión de la política hacia la policía dejó
como resultado este engendro, que de local tiene poco, pues se trata
de un cuerpo de la policía de la Provincia de Buenos Aires, las Unidades de
Prevención Local, donde los municipios tienen limitadas capacidades reales de
control.
Desde hace años los
municipios vienen asumiendo responsabilidades de gestión en seguridad que se
expresa en los presupuestos y estructuras gubernamentales. Como jefes comunales
son la cara del estado más próxima a los vecinos, y por eso donde las
demandas impactan de una manera más directa. Esa
responsabilidad requiere también poder conducir estas
policías.
Un grupo de intendentes y
legisladores peronistas viene reclamando la autoridad sobre estas policías
con un nuevo proyecto de ley. Quizá sea una oportunidad para dar el debate y
retomar los aspectos sustanciales dejados de lado la vez anterior, a fin de construir
instituciones de seguridad más eficientes y democráticas, como parte de la
respuesta a un problema complejo y urgente, que involucra muchos más actores. La
otra, se sabe, es trabajar por la igualdad e inclusión social de las personas.
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