Por
Jorge Eduardo Capó
Por
estos días están llevándose a cabo las primeras reuniones tendientes a encaminar una
cuestión trascendente como es la pauta salarial del año en curso.
Y en
este 2013, este tema adquiere una especial importancia, no sólo por la
incidencia en el mercado interno y la economía en general, sino –
fundamentalmente- porque la
compulsa se da en un escenario previo a una contienda electoral.
Esto
implica que algunos actores involucrados – según sea su visión o su expectativa
electoral- estén muy
moderados en el lenguaje o, por el contrario, carguen las tintas en las
declaraciones y exacerben la discusión distributiva.
Más
allá de las formas, en las cinco centrales sindicales coinciden en la necesidad
de pactar, como mínimo, una recomposición salarial del orden del 25%, y ante
una posible coyuntura inflacionaria, pretenden dejar abierta la posibilidad de
una reapertura semestral, con un eventual reajuste mediante cláusulas
gatillo u otro mecanismo
que permita mantener el nivel adquisitivo.
En
este contexto, hay elementos que sin duda impactan de lleno en las tratativas, como son el impuesto a las
ganancias y la inflación.
El tema impositivo, a esta altura, no resiste
ningún análisis. Todos, absolutamente todos los sectores sindicales coinciden
en afirmar lo improcedente que significa gravar los salarios, al tiempo que
siguen exentos, por ejemplo, el lucro financiero procedente de la especulación.
La
imperiosa necesidad de recaudar que tiene hoy por hoy el gobierno, es la única
justificación para sostener este impuesto al salario; y la mayor o menor afinidad de los dirigentes
gremiales con el gobierno es la que regula el tono de las declaraciones al
respecto.
En cuanto a la suba del costo de vida,
resultan llamativas algunas contradicciones: Guillermo Moreno es el primero en
sostener que el porcentaje inflacionario del último año ronda el 10%, sin
embargo, a la hora de proyectar el precio del dólar para 2013 vaticina una
devaluación del 20%. Y todos sabemos que la divisa yanqui tiene directa
incidencia en los costos y por ende, en el nivel de precios y tarifas.
Algunas
voces oficialistas como la de Edgardo De Petri, acompañan desde el discurso la
pretensión sindical de ir por un 25% y agrega que: “la inflación no la produce
la política sino los formadores de precios” y que “el gobierno tiene la
decisión de defender el poder adquisitivo de los sueldos”.
Otros
aliados al gobierno, como la Unión Industrial , principal referente de las
cámaras empresarias, adhieren al pronóstico de Moreno, respecto al dólar, y
rechazan las paritarias desdobladas que pretenden los gremios más combativos.
Así
las cosas, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo.
Habrá
que ver si desde la Casa Rosada le dan la razón a De Petri, respecto a la
decisión de defender el poder adquisitivo de los trabajadores.
Si
esto sucede se impone una reforma tributaria y acciones concretas contra los
formadores de precios, que generan la
inflación.
Y en
la misma sintonía, sería saludable salir
al cruce de Funes de Rioja y otros, que demonizan las paritarias, hablando de
“rodrigazo” o de “estampida salarial”.
El
gobierno tiene enfáticos voceros que aún no se han pronunciado al respecto.
Esperamos ansiosos que salgan a defender el mercado interno y el bolsillo de
los asalariados, con la misma vehemencia que han salido a defender otras
cuestiones.
Si por
el contrario, prosperan los argumentos
de la Unión
Industrial , habrá que entender, con el pesar que ello
implica, que vuelven los tiempos de ajuste y de retracción salarial.
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