por Juan Carlos Dennin
La comparación del actual gobierno con el
régimen dictatorial pareció en algún momento como algo exagerado. Pero salvando las distancias y las formas,
podemos aseverar que cada día se le parece más, pese a que a algún senador le
moleste cuando se utiliza el término “resistencia.” En esa dirección, podemos
interpretar las palabras pronunciadas por Gustavo Lopetegui, buscando salvar
diferencias internas de la alianza gobernante como una confesión de parte. Con
inusual crudeza expresó que el gobierno realizará mediante los votos el
programa histórico de las botas y que su principal logro, en lo que sería un
“cambio cultural”, será el hecho de concluir el mandato, como sólo lo han
logrado presidentes peronistas.
No alcanza con que este contexto sea fundamentado
dentro de los núcleos militantes. Tiene
que salir a la luz y estar presente en las charlas con los vecinos. La
problemática de la economía no es por causa de “la herencia recibida”, sino que
es la resultante de la aplicación casi calcada de los doce puntos del plan
económico de Martínez de Hoz durante la dictadura.
Aquel plan, al igual que éste, consiste en la
eliminación de controles de precios, la
eliminación de controles cambiarios,
liberación del comercio exterior, libertad de exportación a través de la
eliminación de impuestos, libertad de importar, eliminando todo tipo de prohibiciones; liberación de las
tasas de interés y reforma financiera, liberación de controles a los
alquileres, eliminación de las tarifas
políticas de los servicios públicos, eliminación de subsidios (hecha hoy de
manera total o parcial), libertad de contratación de los salarios, libertad
para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, y libertad para la
transferencia de tecnología. Y que quienes lo están aplicando, Alfonso Prat
Gay, Carlos Melconián y Federico Sturzenegger, entre otros, fueron los mismos
que nos llevaron a la debacle del 2001. Hay que volver a clarificar que las
cosas no suceden por sí mismas, sino porque hay una causalidad que las origina.
Una a una fueron cayendo las promesas de
campaña que le permitieron a Cambiemos llegar a ese 51% que le permitió
establecer el gobierno de los CEO´s de
las multinacionales. No alcanza con la
pregunta “¿con Macri vivís mejor?” Hay que desanudar la dinámica política que
desarrollan y ponerla en evidencia. Marcar los rasgos que adoptan de las
dictaduras para eliminar todo “resabio populista”. Así como la “Revolución Fusiladora” en 1955,
a falta de criterios válidos para oponer a las políticas del peronismo que
había derrocado, apeló a las vagas
denuncias de corrupción y a la proscripción, la administración actual, recurrió
al empleo de actitudes similares para el logro de fines semejantes con el apoyo de la entente
mediática-política-judicial.
Hasta el presente, ante cada crítica por los
malos resultados de la gestión de Cambiemos,
los funcionarios de la actual
administración siempre se han escudado en imputaciones de presunta corrupción contra
sus antecesores. Esas denuncias, en su abrumadora mayoría jamás comprobadas,
son repetidas hasta el hartazgo por los multimedios formadores de opinión y son replicadas en el
debate político. Esta es la estrategia de formación de opinión pública
actual que está comenzando a
modificarse.
La conformación de una democracia constituida por
ciudadanos pasivos y compuesta
de maquinarias políticas que solo aspiran a competir en las elecciones
para acceder a los recursos que proporciona la administración del Estado. Y esa
administración estatal tiene reglas no
escritas con que se rige: el poder central es del dinero, el peso decisivo de los
lobbys corporativos en las decisiones
políticas, el seguimiento de reglas de
juego -económicas y políticas- globales
cuya transgresión será inevitable y
rápidamente castigada. Las necesidades populares y la obtención de derechos
ciudadanos son solo escollos en su camino.
Los crecientes niveles de autoritarismo
gubernamentales son permanentemente ocultados por los medios cómplices. Pero
como se sabe, estos planes económicos no cierran sin represión, y hacia
ella avanzan. El llamado periodismo
de guerra (auto reconocido por Julio Blanck de Clarín) ha ido mutando de
confiar en la pérdida paulatina de la memoria popular por una agresividad en aumento a quienes la
defienden y a quienes comulgan con ella.
Los comunicadores mediáticos intentan instalar, casi a diario, una supuesta
voluntad de la oposición de
desestabilizar al gobierno por la vía de la exaltación de la protesta
social. El ataque con piedras
“invisibles” al presidente en Mar del Plata, las permanentes amenazas de bombas, la represión a un corte
de autopista a tan sólo diez minutos de su levantamiento, la prisión
domiciliaria de 85 represores, la negación del terrorismo de Estado, la prisión
ilegal de Milagro Salas son parte del desarrollo de la política represiva del
oficialismo.
Las causas y sus efectos deben recorrer las calles. El intento de destrucción y escarmiento de la
experiencia “populista” es la necesidad crucial del proyecto de plena
restauración neoliberal que está en marcha. El avance de la derecha apunta a consolidar como
forma política de ese proyecto la alternancia entre dos partidos que se
critiquen mutuamente con dureza, pero que
alternativamente se vayan
sucediendo para aplicar línea política trazada desde Davos
y lanzada desde la Exposición Rural.
Lo que está nuevamente en juego es el rumbo
del país, su lugar en el mundo, el lograr
autonomía del poder global, el
posibilitar más y mejores derechos de sus habitantes y hasta que todo el mundo
pueda seguir diciendo lo que piensa sin ser perseguido por eso. ¡La Patria será
justa, libre y soberana, o no será!
