¿ JUSTICIA O INJUSTICIA DEL PODER ?

Por Juan Carlos Dennin

 Hay momentos en los que uno trata de encontrar respuesta a sus propios interrogantes. “¿Cuál será el motivo por el que algunas causas presentadas en los tribunales parecen activarse como bólidos de Fórmula 1, y otras, en cambio, parecen asentarse sobre el caparazón de una tortuga, y que encima esta renga?  ¿Será por una mera casualidad o  será por un sólido espíritu de cuerpo que impera en el único poder del Estado que no surge de la decisión popular y que está más allá de la verdadera aplicación de la justicia?”   

  Podemos observar algunos sucesos sobre cómo se ha ido conformando este  Poder que detenta un papel crucial en relación con el óptimo funcionamiento del régimen democrático.  

  Tras el golpe de 1976, ¿la Dictadura fundó un nuevo Poder Judicial, o validó el “orden” allí existente con el fin de que respondiese a sus propios objetivos e intereses?

 Desde los umbrales de la historia de nuestro país, los magistrados y funcionarios que componen este Poder pertenecen a las clases dominantes, con cuyos intereses se comprometen.  El aporte de individuos provenientes de sectores medios, que paulatinamente comenzaron a integrar el mismo, no aportaron cambios democráticos, ya que rápidamente, en su mayoría,  comenzaron a sentirse identificados con la clase oligárquica, pese a no ser parte de ella.

  Así las cosas, los arribistas al Poder Judicial del 24 de marzo de 1976, se caracterizaban, en su mayoría, por ser reaccionarios, profundamente elitistas, devotos de un catolicismo conservador y meramente formalistas.  Para ser designados o confirmados en la estructura judicial, debieron jurar fidelidad a los Objetivos Básicos de la Junta Militar y al Estatuto del “Proceso”.

 Pero ésta no  fue una actitud primigenia, en la que el Poder Judicial se pusiera al servicio de sectores golpistas.  En el lejano 10 de setiembre de 1930, los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores D. José Figueroa Alcorta, D. Roberto Repetto, D. Ricardo Guido Lavalle, D. Antonio Sagarna y el señor Procurador General de la Nación, doctor Horacio Rodríguez Larreta, dictaron una acordada legitimando el Golpe de Estado que destituyó al presidente  Hipólito Yrigoyen.

  Más nefasta aún, fue la creación, en 1971, durante la dictadura de Alejandro Lanusse, de la Cámara Federal en lo Penal, más conocida como “Camarón” o “Cámara del Terror”. Este “fuero antisubversivo”, tuvo competencia territorial en todo el país y sus resoluciones fueron irrecurribles. Se utilizó para  perseguir todo tipo de actividades sociales, políticas y sindicales, además de que numerosos casos de tortura y muerte ocurrieron durante sus investigaciones. Facilitó y encubrió asesinatos como los del 22 de agosto de 1972 en Trelew.

 Este tribunal, había sido ideado por el pensador Jaime Perriaux, (ministro de Justicia del gobierno de Levingston y hombre fuerte de Staudt & Cía, empresa relacionada con el nazismo).  A su vez, fue quien luego tendría un papel fundamental como nexo entre los ideólogos civiles del último golpe y sus ejecutores militares. Ha delineado toda actividad que a los ojos del régimen sería catalogada como subversiva, para que a través de la estructura del Poder Judicial se llevase adelante una verdadera persecución ideológica.

  Tampoco fue otra casualidad, que los integrantes del “Camarón” perdiesen  en 1973 sus cargos judiciales y que los recuperasen en 1976.  Más notorio aún, ha sido que pasara a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación uno de sus más distinguidos  integrantes, César Black, y a ser Ministro de Gobierno bonaerense, Jaime L. Smart, quien está hoy procesado por su participación en los crímenes del circuito Camps.
  La llegada de la Democracia no trajo consigo significativas modificaciones en la composición dl Poder Judicial, como tampoco en la forma de relacionarse de quienes lo integran.

  Si se recorren las nóminas de magistrados y funcionarios judiciales, no debe causar sorpresa encontrar que revisten parientes año tras año, como tampoco lo deberá producir el intercambio de favores entre quienes tienen poder de decisión.  Se puede apreciar que la llamada “familia judicial” está conformada por  “los conocidos de siempre” y que para poder llegar a integrarla sus miembros siguen surgiendo de los mismos círculos sociales, conformando su currículo con promesas, lealtades, contactos y con favores cruzados.

  Un juez, por ejemplo, no puede nombrar a un hijo como secretario.  Pero si puede realizar un intercambio con el juzgado de algún colega.   Logra que a su pariente lo designen en ese juzgado y, a su vez, desde el otro le recomiendan a alguien para el suyo.  Y esto sucede, a pesar de los concursos establecidos, ya que los mismos culminan con la aprobación o rechazo de esos mismos jueces. “Relaciones de familia”, que les dicen…

  Ejerciendo el poder del que disponen, los jueces construyen políticas que no se corresponden necesariamente con las conformadas legislativamente, las que al menos, de manera formal, han surgido de la voluntad popular. Política no es la mera confrontación partidaria, sino  que  radica en la decisión de cada poder del Estado, aunque estén separados. Por lo tanto pese a que no deben “participar en política”, los jueces “hacen política” y encima lo ocultan.

  A partir de la reforma constitucional de 1994,  la creación del Consejo de la Magistratura, supuso un avance que, por un lado, iba a limitar los poderes de la Presidencia de la Nación y, por otro, vulnerar el enclaustramiento de la “familia judicial” , posibilitando que profesionales sin carrera judicial pudiesen alcanzar puestos en las cámaras de apelaciones y en los juzgados. La realidad demuestra que en pocos casos se logra.  Dicho Consejo no puede, como se percibe, contra un Poder Judicial que actúa en forma corporativa y enclaustrado, que rechaza cualquier intento de democratización.  Y esto ocurre porque en la estructura del Poder Judicial consideran plenos de toda vulgaridad a estos intentos, y que además, son ajenos a todo su quehacer, el que asimilan como aristocráticamente superior. La  resultante de tal accionar surge meramente formal en la mayoría de las ocasiones, y se fundamenta en el razonamiento y la reacción del establishment.  Solo así se puede comprender que un juez, luego de la insultante presión ejercida desde un poderoso multimedios, saque a relucir una resolución coincidente con lo que le reclamaban desde ese medio. Y el silencio de la “familia judicial” acompaña los hechos.

 Intentar la reforma de este Poder Judicial, sea desde afuera o desde adentro presenta extremas dificultades. Se presenta como una fuerte sensación que tanto los beneficios como los prejuicios de los oidores coloniales se han transmitido de generación en generación, transformándose en el ADN de la mayoría de nuestros jueces.

  Pese a todo resulta fundamental disolver definitivamente la trama de relaciones entretejidas que envuelven al Poder Judicial.  Solo el avance hacia su democratización, como se está intentando con los pasos que se están dando, y que habrá que profundizar,  hará que se sitúe en el lugar que le corresponde: el de custodio y garante de los derechos fundamentales de todos los habitantes de nuestra Nación. Sometido únicamente a la ley.