Por:
Pablo Santiago
El 3 de abril el mundo se vio sacudido por
la denuncia de un consorcio internacional de periodistas (ICIJ) y medios de
comunicación de diferentes países. Está denuncia constó de más de 12 millones
de documentos sobre empresas offshore radicadas en Panamá, todas ellas
pertenecientes a políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo. Este
tipo de empresas no producen ni comercializan nada, algunas casi no poseen capital,
sino que suelen ser utilizadas para lavar dinero y evadir impuestos, por eso se
radican en paraísos fiscales como es el caso de Panamá. Un paraíso fiscal es un
Estado soberano en donde casi no se cobran impuestos, y que son usados por la
oligarquía internacional para lavar y evadir, así como para fugar capitales, a
través de estas compañías offshore (palabra que se traduce como “lejos de la
costa”). En los paraísos fiscales los marcos normativos son nulos o muy laxos,
lo cual permite todo tipo de operatorias y se protegen a través del llamado
secreto bancario. En esta ocasión el secreto bancario fue vulnerado por una
filtración.
Entre los líderes detectados con empresas en
el extranjero, se encuentra nuestro Presidente, Mauricio Macri, quien fue tapa
en todos los medios internacionales, asociado a la corrupción. Ya han sido
detectadas dos compañías de las que Macri forma parte; sus nombres son: Flag
Trading y Kagemusha, ambas radicadas con jurisdicción en Panamá. Pero la
situación empeora cuando se trata del Grupo Macri (grupo empresario familiar);
el Grupo Macri posee otra empresa, llamada Macri Investment Group; esta otra
corporación está integrada por el padre y otros familiares de Mauricio Macri,
así como por otras dos empresas: Foxchase Trading y Gresoni, radicadas en
Panamá y Uruguay respectivamente. Además, otros empresarios y funcionarios del
entorno y del Gobierno de Macri también fueron denunciados como poseedores de
empresas en Panamá, y entre ellos destaca Grindetti, actual Intendente de Lanús
y ex Secretario de Hacienda durante la gestión de Macri en la Ciudad Autónoma.
Ante tantos funcionarios macristas involucrados con empresas fantasmas en
paraísos fiscales, la situación del Gobierno Nacional se complica.
El escándalo se mediatizó a nivel global, e
impactó de lleno en la opinión pública de nuestro país; esto provocó serias
preocupaciones en el entorno comunicacional de Mauricio Macri. La situación del
Gobierno se agrava ahora aún más dado que Macri fue imputado por el fiscal
Federico Delgado, a expensas de una denuncia formulada por el diputado nacional
del Frente para la Victoria, Darío Martínez, bajo la carátula de “omisión
maliciosa” por no haber declarado legalmente estas empresas; se requerirá a la
Oficina Anticorrupción y a la AFIP que investiguen al Presidente. Vale aclarar
que la Oficina Anticorrupción se encuentra dirigida por la sesgada militante
macrista, Laura Alonso, a quien varios dirigentes del arco opositor le
requirieron la renuncia por su incompetencia.
La
denuncia escandaliza al mundo y al país justo en un momento complicado para el
Gobierno macrista, precisamente cuando éste se dispone a profundizar su ajuste
neoliberal con nuevos y fuertes tarifazos sobre los servicios públicos. Aún es
demasiado prematuro como para especular acerca de la cuantía del impacto que
esta denuncia podría tener sobre la imagen pública del Presidente, imagen ya
debilitada a raíz del fracaso de sus políticas económicas y el ajuste contra
los trabajadores, pero el panorama no parece alentador para la nueva
administración que apenas lleva 4 meses en el poder y que había hecho de la
“lucha contra la corrupción” uno de sus principales recursos discursivos ante
la impopularidad y el fracaso de sus políticas económicas.
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