¿Es posible un hábitat justo si no hay mayorías convencidas de que eso es justo?

Por: Arq. Rubén Pascolini

Ex Secretario Nacional de Acceso al Hábitat

Me parece que en esta etapa es importante debatir la forma que debe asumir el Estado en el futuro, en general, y por supuesto también en el hábitat; entendiendo que existe una dialéctica entre el Estado como expresión de las relaciones de fuerza de una sociedad y el papel que le reservamos, en cuanto herramienta fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad cada vez más justa y equilibrada; dirigentes muy importantes del proyecto nacional, popular y democrático hablan de reformar y otros hablan de ir por una Nueva Constitución y un Nuevo Estado.

Las políticas públicas en general, y por lo tanto las de hábitat en particular, forman parte de esa lucha de intereses y de ideas e inciden en el proceso económico y social, ya sea para mantener situaciones de injusticia y exclusión o para transformarlas en beneficio se los sectores excluidos y de una mejor distribución de la renta nacional.

Las políticas de hábitat (de construcción del medio construido) estuvieron dirigidas en la primera etapa del período 2003/2015 a favorecer al trabajo y a la producción, a través de la capacidad reactivadora de la industria de la construcción, promoviendo simultáneamente inclusión y promoción de formas alternativas propias de la economía social.

Néstor Kirchner cuando anunció el Programa Techo y Trabajo que significaba eso, hacer “techos” y generar “trabajo” para argentinas y argentinos desocupados organizados en cooperativas de trabajo dijo homenajeando a esas y esos compatriotas “ESTA ES LA ARGENTINA PROFUNDA….ESTOS SON LOS ARGENTINOS DE CARNE Y HUESO QUE PUSIERON LA ESPALDA Y EL PECHO A LA POBREZA A LA QUE NOS HAN SOMETIDOS, AL VACIAMIENTO Y AL SAQUEO DE LA PATRIA. SON LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS QUE QUIEREN SER PARTE ACTIVA DE LA ARGENTINA, QUE QUIEREN QUE LA BANDERA CELESTE Y BLANCA DE UNA VEZ POR TODAS LOS COBIJE A ELLOS Y A SUS HIJOS COMO PARTE ACTIVA DEL CORAZÓN DE LA NACIÓN”.

En el periodo 2003/2015 progresivamente se fue cambiando la matriz de la inversión pública para alcanzar una Argentina equilibrada, sustentable y socialmente justa; así es que en el 2004 se define a la Planificación Territorial como Política de Estado y en el 2008 se produce el documento ARGENTINA 2016: POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL determinándose principios rectores de la política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial: 1. se reconoce el derecho de todos los habitantes del suelo argentino a tener garantizadas buenas condiciones para vivir y desarrollar sus actividades productivas con independencia de su lugar de residencia. 2. Se establece la necesidad de construir un Estado sólido capaz de prever las demandas de inversión en el territorio.

En ese ciclo se desarrollaron políticas habitacionales iniciadas por Néstor Kirchner y continuadas por Cristina Fernández, a través de los cuales se generaron 1.204.580 soluciones habitacionales (Programa federal TECHO Y TRABAJO, PROMEBA, ROSARIO HABITAT, CARITAS, los programas federales de construcción de vivienda I y II TECHO DIGNO, el de URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS).

El programa PRO.CRE.AR a través de una intervención diversificada se propuso entregar 400.000 créditos hipotecarios y puso en marcha 194 mil viviendas con una inversión del Estado de 100 mil millones de pesos, se finalizaron 115 mil casas y están en ejecución casi 30 mil viviendas en desarrollos urbanísticos.

A través del decreto 1382/12 se instituyó un gran Banco de Inmuebles del E.N.A., el AABE (se puso a disposición del organismo los inmuebles del FFCC no concesionados y de las Fuerzas Armadas) para organizar la administración de los Bienes del Estado. Posteriormente la resolución 1416/13 le otorgó al AABE nuevas facultades para desafectar inmuebles disponer de manera directa de una vasta cantidad de propiedades y tomar el control de la actividad inmobiliaria estatal.

En el 2011 la Ley 26.737 fue la respuesta promovida por el Gobierno de Cristina, por un lado al escenario internacional de “acaparamiento de tierras” y por el otro a la “extranjerización”, que junto con la concentración, la dificultad de las poblaciones en el acceso al dominio de las tierras, la insuficiente infraestructura y equipamiento para la residencia y la producción y el maltrato del suelo productivo, son los problemas estructurales de la tierra rural en la Argentina.

El P.E. Nacional elaboró un proyecto de ley de ordenamiento territorial que pretendía establecer los presupuestos mínimos del ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de la regulación del uso del Suelo como recurso natural, económico y social, de la localización condicionada de las actividades  antrópicas. Fue denunciado por “comunista” porque proponía que el Estado recuperara la valorización que genera la inversión pública.

En los ocho años de vigencia de la ley 26.160, la ley que instrumentó el reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios, fueron relevadas más de cinco millones de hectáreas, ocupadas por más de quinientas comunidades indígenas.

La autoridad política de la entonces Presidenta Cristina posibilitó en la Provincia de Buenos Aires que se apruebe y se reglamente la Ley 14.449, producto del esfuerzo colectivo y cuyos principios jurídicos son el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la distribución equitativa de las cargas impositivas y la gestión democrática de la ciudad.

La creación en el año 2014 de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat significó el reconocimiento por parte del entonces Gobierno Nacional de la necesidad de intervención integral e integrada en la problemática múltiple y diversa del déficit habitacional.

Creo que en el futuro entre otros grandes temas, debería encontrarnos resolviendo el desafío de considerar al derecho de propiedad en un sentido más amplio que incluya las responsabilidades que genera ese derecho y que contenga además, como concepto fundamental el principio de solidaridad y de responsabilidad.

El Proyecto Nacional Popular y Democrático reivindica que el ESTADO debe ser un protagonista fundamental en la empresa de igualar, equilibrar equiparar, interviniendo con un carácter activo y regulador a favor de los más humildes y de los excluidos en pos de construir un país para todos.

Insisto en que si acordamos que el ESTADO y por lo tanto las políticas públicas son expresión de las relaciones de poder y correlación de fuerzas sociopolíticas, debemos trabajar por más organización y más conciencia que fortalezca en términos materiales pero también organizativos a los que habitan en regiones empobrecidas y que son forzados a migrar, a los que no tienen viviendas, a los que no pueden acceder al suelo urbano, a la población en situación de calle, a los que viven hacinados, a los que habitan en la informalidad dominial, a los que no tienen los servicios básicos, a los que viven a varias horas de su trabajo, a los que alquilan.

A los pobres y excluidos, pero también a los sectores medios, que tienen objetivamente intereses comunes a los esos sectores del trabajo y del pueblo, pero que subjetivamente quedan del otro lado, de los poderosos, de los grandes propietarios.

Es decir que cada vez que el ESTADO intervenga limitando el derecho de propiedad (determinando áreas con exclusividad o prioridad de compra por parte del Estado, limitando la posibilidad de comercialización de inmuebles provistos por el Estado con un fin social), castigando fiscalmente tierras ociosas (adquisición forzosa de inmuebles inactivos habiendo previamente determinado la situación de abandono, posteriormente ocupando el bien de acuerdo a los procedimientos correspondientes y desarrollo de las acciones judiciales apropiados), reteniendo y distribuyendo rentas extraordinarias, apropiándose para el conjunto de la sociedad de plusvalías urbanas o rurales, se interponga en el proceso de concentración y extranjerización u otros mecanismos encuentre a amplio sectores de la población apoyando esas decisiones.

Quiero subrayar también que las asimetrías, inequidades, tensiones, conflictos, propios del hábitat (concepción amplia, vivienda, equipamiento, barrio, ciudad, región, país, mundo) no se resuelven a través de la política tradicional porque son una incomodidad. La política como la entendemos nosotros es conflicto. La representación gremial, política y social de las asimetrías, inequidades, tensiones, conflictos, propios del hábitat implica hacerse cargo de respuestas que se construyen en distintas escalas, espaciales geográficas, temporales, políticas.

La representación política de esas tensiones debe ir “desnaturalizando” esa realidad que se pretende transformar construyendo acuerdos entre los sectores de la comunidad que tienen intereses comunes a partir de la convicción de que no se resuelven solamente con decisión política, “desde arriba”, “por decreto”, es decir que hay que construir acuerdos sociales opuestos a los que habitualmente produce el orden a través de sus usinas de ideas.

El proyecto político que represente la resolución progresiva de esas tensiones debe estar consciente de que hay que redistribuir recursos, hay que subsidiar áreas y sectores; y fundamentalmente hay que planificar incorporando a los objetivos principales y secundarios, el factor tiempo, los recursos necesarios y la participación de la comunidad organizada y consciente pero con el sentido que le da un proyecto político.

Esto no se hace haciendo la plancha, pero tampoco se hace solamente con la voluntad de quien gobierna.

Por esto es que me parece fundamental construir nuevos acuerdos sociales entre los sectores sociales que tienen principales intereses comunes, construir nuevas mayorías, a través del Frente Ciudadano, nuevas mayorías  profundizando la politización de nuestro pueblo, compartiendo experiencias y reflexiones sobre lo que le conviene a la mayoría de los argentinos si queremos volver mejor y construir definitivamente una patria para todos.