Por
Juan Carlos Dennin
Durante los días previos a la fecha en que se
recordaban los 30 años de Democracia se hicieron carne sucesos que pueden
signarse como conspirativos. No fue
casual que verdades ocultas como “zonas liberadas” y complicidad entre
uniformados y delincuentes hayan estallado en forma exponencial en distintas
provincias de nuestro país. Tampoco
resulta indiferente que se hayan producido en fuerzas de seguridad que aún mantienen
estructuras y manejos perennes desde la última dictadura.
Se debe tener en claro que cuando se trocó la
Doctrina de Seguridad Nacional por la de Seguridad Ciudadana la fuerza que es
capaz de desestabilizar es la policial. El claro ejemplo de la situación fue la
intentona golpista de setiembre de 2010 contra Rafael Correa en Ecuador. No intentan llevar a un comisario al sillón presidencial,
pero son capaces de crear sensación de caos, de inseguridad pública. Implantan situaciones que son compatibles con
la teoría de los golpes blandos de Gene Sharp que generan situaciones
destituyentes.
En 1995, por iniciativa del presidente Bill
Clinton, se creó la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley
(ILEA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de "combatir el tráfico
de drogas, la criminalidad y el terrorismo internacionales por medio del
fortalecimiento de la cooperación mundial", según palabras del ex
mandatario estadounidense al momento de su creación. Su presupuesto es aportado por el Departamento de Estado de EE.UU. Existen
varias de esas “instituciones” en el mundo, una de las cuales funciona en El
Salvador desde 2005, y recibe a agentes de 30 países, así como también recibe
a funcionarios judiciales.
Por ILEA pasaron desde su creación, 4954
funcionarios, y el crecimiento de participantes, año a año, marca una curva
ascendente. En 2005 pasaron por la
academia 144 integrantes de las fuerzas de seguridad y en 2012, 1170. Si
bien hoy no se pueden establecer vínculos concretos entre ILEA y los hechos
acontecidos en nuestro país, sería importante la creación de un organismo
federal que esté capacitado para identificar a los integrantes de las fuerzas
policiales que participan de los cursos de dicha academia. Así como no se pudo establecer hoy relación directa entre ILEA y
el nuevo diseño de golpes de estado, como el que se intentó realizar en Ecuador
en 2010, tampoco se pudo relacionar durante mucho tiempo la imposición de la
Doctrina de la Seguridad Nacional desde la Escuela de las Américas y los golpes
de estado en el siglo pasado. Lo cierto es que se comprobó que muchos de
nuestros dictadores y cuadros militares responsables de las más salvajes
represiones de los sectores populares habían realizado allí sus cursos de
(“de”)formación.
Al ser responsabilidad de cada provincia la
seguridad, se sabe que integrantes de las fuerzas policiales de las mismas asisten
a ILEA, pero se desconoce quiénes son. Hay que tenerlo en cuenta y actuar en
consecuencia. Por caso, el pastor Roy
Bourgeois, fundador de la ONG de derechos humanos SOA Watch, adquirió una lista
previamente clasificada de graduados de ILEA
que fueron reconocidos como líderes de escuadrones de la muerte y de
conocidos grupos antiinsurgencia.
El investigador paraguayo Martín Almada, por
su parte, asegura que las derechas en la región están estableciendo lazos
al estilo del Plan Cóndor, con los mismos fines que tuvo aquel: reprimir,
asesinar e impedir la presencia de presidentes incómodos.
Por lo pronto, no deberíamos ignorar toda
esta clase de advertencias que surgen a partir de las informaciones que se han
podido recoger. Es más que primordial el reformular y eliminar los
resabios de cultura y de acción dictatorial que hayan podido quedar en todas
las instituciones armadas. El control civil de las mismas deberá ser
firme y transparente. También es importante interiorizarse en porqué no se
da trascendencia a este tipo de instituciones por parte de la mayoría de los
medios de comunicación de nuestros países. Ayer lo habían hecho con la
Escuela de las Américas, ¿desinterés o complicidad?
Existen también sectores políticos, que como
dentro del espacio que se está abriendo en democracia no van a lograr imponer
sus ideas, quizá estén analizando que llegó la hora de planificar hacerlo por otros
métodos.
Retornando a los sucesos en nuestro país, la reforma de las estructuras
policiales es una deuda pendiente de la Democracia. El nuestro es un modelo de
ocupación territorial. Hemos copiado en
parte la Constitución de Estados Unidos, pero después copiamos la policía
borbónica. No hay una policía de integración comunitaria. Esto debe ser
repensado.
Tomemos por ejemplo las recomendaciones que
hace EE.UU. para América Latina, pero hagamos lo contrario de lo que dicen. Ellos sugieren que en América latina tengamos
policías centralizadas. Pero al tener una policía única se hace inmanejable, se
autonomiza y pasan las cosas que pasaron aquí días atrás. Lo curioso es que ellos tienen más de dos mil
policías. Tienen policía de condado, policía estadual, todas las policías
federales, pero recomiendan otra cosa, ¿verdad? Haz lo que digo pero no lo que hago…
Nuestras fuerzas policiales deberían
estructurarse teniendo una policía centralizada para delitos complejos, pero
separándola de la policía de investigación criminal que, un día, y con un
proceso acusatorio, podría depender del Ministerio Público o de los poderes
judiciales. La policía de seguridad de
calle tiene que estar cerca de la gente, cerca de la manifestación terciaria
del Estado, que es la que uno tiene más
a la mano, la municipal con control vecinal .
La llamadas “manifestaciones espontáneas” de
policías, no han sido tales. Han sido
actos de insubordinación en los que han participado funcionarios policiales
exonerados de las distintas fuerzas y personeros de hechos facciosos. Se debe caer sobre los responsables con todo
el peso de la ley.
Por otro lado, se tendrá que reformular la organización policial. El momento amerita
actuar con profundidad, encontrando
además un canal de comunicación con el personal policial, aunque quizá no sea
la sindicalización, pero que es necesario que exista para que pueda expresarse. Tengamos en cuenta que son
personas sin posibilidades de
discutir sus condiciones de trabajo en forma horizontal, sometidos a un régimen
de trabajo cuasi militar, un régimen de sanciones arbitrario, donde no puede
discutir sus condiciones salariales. Esa
carencia comunicacional se convierte en una herramienta que actúa como caldo de
cultivo para que sean manipulados.
En síntesis, creo que los uniformados, dentro de una profunda
reforma de la institución policial, deben tener un canal de diálogo donde
plantear sus reclamos y que, a su vez, los miembros de las fuerzas de seguridad
que se ocupan del delito común deben descentralizarse: más policías, más
pequeñas y más cerca de los ciudadanos. La policía es una institución necesaria
dentro del Estado moderno. Hay países
que no tienen Fuerzas Armadas, pero no existe país alguno sin policía. Lo importante es el modelo institucional de policía que nos hemos de dar.
