Fuente: Osvaldo Jara, Los Malditos, Tomo IV, Página 392 –
Ed. Madres de Plaza de Mayo
Compilador, Jorge Orosco
Poco se sabe de este hecho que ha ocurrido durante
los primeros años del siglo pasado. El primero de mayo de 1909, la masa
trabajadora ganaba las calles para reivindicar los derechos ahogados por la
clase alta. Una brutal represión terminó dando muerte a once trabajadores,
mientras que más de ochenta resultaron heridos.
Para ese entonces la Argentina se encontraba con un
modelo agro-pastoril consolidado. El proceso inmigratorio vino a fundamentar el
lugar que la generación del 80 le había asignado a nuestro país. Esta condición
de ser productor de bienes primarios propiciaba que la mano de obra fuese
destinada a ese sector. Pero esa política económica no tardaría en llegar al
límite de sus posibilidades. Una inmensa masa de trabajadores debieron migrar a
la ciudad. Al ser un país abastecedor de materias primas su potencial
industrialista era muy escaso.
El grueso del incipiente movimiento trabajador
estaba dividido entre socialistas y anarquistas. Estos últimos tenían una
tendencia muchos más radicalizada, cuestión que no pasaba inadvertida a las
fuerzas policiales. En aquellos años el primero de mayo se repartía en dos
manifestaciones. El acto de los socialistas tenía lugar en Constitución
mientras que el de los anarquistas se llevaba a cabo en Plaza Lorea (hoy Plaza
Congreso).
La masa trabajadora encontraba mayor presencia en las
federaciones del calzado, de panaderos, de ebanistas, de sombrereros, de
conductores de carro, de pintores albañiles. Así como también de los obreros
portuarios y ferroviarios.
El estado nacional veía con peligro el continuo malestar
de los trabajadores. Pero la explicación no la encontraba en las deplorables
condiciones en que se encontraba el asalariado. La causa radicaba en la
influencia de elementos externos, cuya ideología perturbaba el resto. Motivo de
este hecho en 1902 se había sancionado la Ley de Residencia. Si bien se trató
de implementar más adelante una política integradora continuó prevaleciendo el
accionar represivo.
Ante las huelgas y manifestaciones el estado respondía
reforzando el aparato coercitivo. Con el tiempo se había venido elaborando una
política represiva para contener las protestas. La policía identificaba
claramente al anarquista del socialista. Producto de esta mecánica se había
formado una especie de servicio de inteligencia en donde se conocían los
movimientos de estos grupos y los datos de todos los militantes, detallando de
manera pormenorizada la edad, la filiación familiar, ideología, origen étnico,
etc.
Aquel 1º de mayo miles de trabajadores se congregaron en
Plaza Lorea no sólo para conmemorar el día del trabajador. Los gremios del
rodado habían decidido ir a la huelga por tiempo indeterminado en protesta por
un código municipal y en contra de la libreta de identidad. El Coronel Falcón
se encargó personalmente de llevar adelante el operativo. Después de la orden
del jefe de policía, sus subordinados abrieron fuego sobre la multitud sin
hacer distingo entre hombres, mujeres y niños; la sangrienta represión asesinó
a 11 obreros, mientras que más de ochenta resultaron heridos, muchos de
gravedad. En adelante, las fuerzas represivas se dedicaron a recrudecer su
furia sobre el movimiento trabajador, ya sea deteniendo a militantes o
clausurando periódicos o locales partidarios. En vista de lo ocurrido la FORA
decretó la huelga por tiempo indeterminado. De igual manera la UGT decretó la
huelga por tiempo indeterminado. De igual manera la UGT socialista se
solidarizó plegándose a la lucha.
“El 4 de mayo, más de 60.000 personas se concentraron
frente a la morgue esperando la entrega de cadáveres, para acompañarlos hasta
la Chacarita. En un acto de barbarie sin precedentes hasta el momento pero que
se tornará una tradición de aquí en adelante, la policía les arrebató los
féretros a las familias obreras para que no se concretara el multitudinario
cortejo fúnebre”.
Después de una semana de paro, el gobierno dio marcha
atrás con las medidas y se decidió la derogación del código municipal de
penalidades, la reapertura de locales obreros y la liberación de 800 presos. A
pesar de que los trabajadores habían regresado a sus tareas una cuenta
pendiente quedaba en el aire.
El gobierno de Figueroa Alcorta había desoído los
reclamos de las organizaciones políticas de hacer renunciar a Falcón. El
movimiento anarquista no olvidaba los sucesos trágicos del 1º de mayo y la
venganza sólo era cuestión de tiempo. Simón Radowistzky fue el encargado de
arrojarle la bomba que explotó en las piernas del jefe de policía. Habían
pasado tan sólo siete meses de la masacre; 14 de noviembre de 1909.
Inmediatamente de transcurrido el hecho, Radowistzky fue
apresado y recibió cadena perpetua. De no ser menor de edad hubiera sido
sentenciado a muerte. Producto del atentado tuvo lugar una nueva arremetida por
parte de las autoridades declarando el estado de sitio, arrestando obreros,
clausurando locales partidarios y persiguiendo a todo el movimiento trabajador.
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